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El organismo investiga si concertaron la subida tras la
prohibición del redondeo
Las compañías de telefonía móvil siguen estando en el
punto de mira. Competencia ha abierto un expediente a
Movistar, Vodafone y Orange para averiguar si pactaron el
reajuste de tarifas que se vieron obligadas a realizar en
marzo pasado cuando el Gobierno prohibió el redondeo. Las tres
compañías reaccionaron subiendo un 25% el establecimiento de
llamada hasta 15 céntimos. Las organizaciones de consumidores
dicen que hubo pacto para compensar la caída de ingresos. Las
compañías lo niegan. Y el Gobierno, que dijo que no había,
ahora no abre la boca.
La telefonía móvil está de moda; las compañías que la
explotan, no. Les llueven acusaciones desde todos los ámbitos:
Bruselas, las autoridades nacionales y las organizaciones de
consumidores. Ayer le tocó el turno a la Comisión Nacional de
Competencia (CNC) que anunció la apertura de un expediente
sancionador contra Movistar, Vodafone y Orange por una
presunta concertación en el reajuste de tarifas que realizaron
el 1 de marzo pasado, tras la entrada en vigor de la ley que
prohibía la práctica del redondeo y obligaba a las compañías a
cobrar por segundos.
La investigación se va a centrar en si las operadoras
pactaron la subida del establecimiento de llamada, lo que se
paga simplemente por contactar con el interlocutor. Y es que
las tres compañías fijaron el mismo precio (15 céntimos), tras
aplicar un aumento del 25% a este concepto.
Las organizaciones de consumidores pusieron el grito en
el cielo, y denunciaron el asunto. Las compañías habían
pactado esa subida para compensar la caída de ingresos que les
suponía la prohibición del redondeo (facturación en bloque de
minuto o medio minuto aunque las llamadas duren menos). Las
operadoras afirmaron que el efecto de esta modificación era
neutro, es decir, que ingresaban lo mismo antes y después del
1 de marzo.
Ante la algarada que se formó en torno al asunto, el
Ministerio de Industria y el de Sanidad (Consumo) encargaron
un informe a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT). El regulador del sector dictaminó en mayo que el
reajuste no había supuesto una subida significativa de las
tarifas, pero no se pronunció sobre un posible pacto de
precios, alegando que este asunto no era de su
competencia.
La CNC, el organismo independiente que vigila la libre
competencia, ha tomado ahora cartas en el asunto. Ante la
denuncia de varias organizaciones de consumidores, ha abierto
un expediente sancionador que, en caso de demostrarse la
concertación, puede derivar en una multa de hasta el 10% de la
facturación de las empresas. No obstante, Competencia jamás ha
llegado a ese límite. La mayor fue una impuesta a Telefónica
de 57 millones de euros en 2004, anulada posteriormente por la
Audiencia Nacional.
No le será fácil dictaminar sobre el asunto porque hay
muchos datos contradictorios encima de la mesa. Así, la CMT
indicaba en su informe de mayo que no había observado una
subida significativa de precios tras el 1 de marzo. En
concreto, indicaba que Vodafone había disminuido sus ingresos
un 1%, y Movistar y Orange los habían aumentado un 1,79% y un
2,62%, respectivamente.
Pero cuando echó las cuentas del segundo trimestre, las
cosas no estaban tan claras. Resulta que las compañías habían
subido sus precios un 4,7% de media respecto a marzo. El
aumento era especialmente escandaloso para los clientes de
prepago: un 25%.
QUEJA DE LOS CONSUMIDORES
Las asociaciones de consumidores no tenían ayer ninguna
duda de la culpabilidad de las compañías. La Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU) recalcó que éstas han recuperado
el 60% de lo ingresado de más por el redondeo -1.300 millones
de euros en 2005- gracias al aumento del establecimiento de
llamada.
En cambio, las tres operadoras han negado tajantemente
que haya habido acuerdo de precios, y anunciaron ayer que
presentarán alegaciones en defensa de sus derechos. Todas
ellas han coincidido en que el reajuste se produjo el 1 de
marzo en cumplimiento de la ley que marcaba ese plazo.
La más beligerante fue Vodafone que indicó que su tarifa
media es de 16,85 céntimos por minuto, frente a la media del
sector de 18,94, lo que demuestra que no hay
concertación.
Por su parte, el Gobierno, que ya dijo en su día que las
operadoras eran inocentes guardó ayer silencio. En particular,
el ministro de Industria, Joan Clos, que en mayo dijo, que a
la vista del informe de la CMT, las actuaciones de las
compañías "no configuran una actitud de concertación para
evitar la libre concurrencia en el mercado".
Ahora tiene la palabra el CNC. El organismo ha rechazado
suspender cautelarmente la subida como pedían las
organizaciones de consumidores. Así que las tarifas no se
moverán, La posible sanción puede tardar más de un año.
FUENTE.- El
País | 
